Las medidas de confinamiento establecidas por el necesario estado de alarma ante el COVID-19, no pueden justificar actos de violencia desproporcionada contra la población y mucho menos la apología de la violencia institucional racista.
Los medios reaccionarios azuzan el odio, y los políticos autoritarios responden en consecuencia. El estado de alarma no puede convertirse en carta blanca a los racistas, ocupen el cargo que ocupen.