Hemos leído una cruel historia contada por Vanessa Míguez, presidenta de SOS Racismo Galicia, durante la presentación del Informe Anual del Racismo en España y nos quedamos desesperanzados pensando que aún queda mucho por hacer en materia de delitos de odio. Este informe es publicado por la Federación SOS Racismo para informar sobre los casos de racismo y xenofobia de las comunidades autónomas por los que lucha desde hace 20 años.

Esta es la historia:

“El pasado marzo un grupo de amigos que estaba de fiesta por Vilagarcía de Arousa decidieron comprar uno de los gorros que vendía un vendedor ambulante que se encontraba por la zona. El vendedor se lo dio amablemente al chico del grupo que quería comprarlo, pero este decidió que no se lo iba a pagar por el simple hecho de no ser español. El vendedor recibió varias amenazas físicas mientras educademente pedía que le devolviera el gorro sino se lo iba pagar. En ese mismo momento recibió un puñetazo de uno de los amigos del cliente, cayó al suelo y le empezaron a dar patadas entre todos en la cara. Minutos después la Guardia Civil acudió al lugar de los hecho y gracias a la colaboración de la víctima pudieron identificar al atacante. Tras la agresión el hombre tuvo fuertes contusiones, perdió varios dientes y tuvo laceraciones en el pómulo, la nariz, labios y mano”.

El informe de este año recoge un total de 247 incidentes racistas en España y casi 100 casos son considerados delitos de odio, base del trabajo de la Federación. La mayoría de las denuncias registradas en SOS Racismo corresponden un 27% a conflictos y agresiones racistas, un 22% son denuncias de racismo institucional, un 17% tienen problemas con la seguridad pública, el 12% no tienen acceso a prestaciones y servicios públicos, el 22% sufre discriminación laboral, el 7% no tiene acceso a los servicios de seguridad privada, el 4% sufre racismo por las autoridades y 1% son casos relacionados con la extrema derecha.

Parecen tan solo porcentajes, pero estamos hablando de personas de carne y hueso que sufren discriminación escondida, ya que no hay ninguna ley que deniegue el acceso a las personas extranjeras. Muchos de ellos sufren racismo en acciones tan cotidianas como es el pago de alquiler, atención en la seguridad social, entrada a establecimientos de ocio como puede ser una discoteca o incluso en el trabajo.  Sobre esta cuestión, Vanessa Míguez, presidenta de SOS Racismo Galicia valoró que“estos números se traducen en la práctica en insultos, agresiones, conflictos vecinales o casos de acoso que menoscaban la convivencia e influyen de forma muy negativa en la vida cotidiana de personas que deben considerarse víctimas de delitos”.

En cuanto a los delitos de odio, la Federación recoge un total de 96 casos distribuidos por las diferentes comunidades autónomas. Cataluña suma un total de 44 delitos, seguida de Aragón con 29, la Comunidad de Madrid y Guipúzcoa con 7 y Navarra con 1. Según el informe, los delitos de violencia física o verbal son la mayoría de las transgresiones de ocio por racismo o xenofobia denunciados a las oficinas.

El residente de SOS Racismo Madrid, Mohamed Gereu, manifestó que es difícil que denuncien estos casos de delitos de odio a la Policía, porque en alguna ocasiones los culpables de la discriminación y los delitos son las propias autoridades.

Mohamed y Mikel insistieron en la presentación en la necesidad de buscar soluciones que mejoren el tratamiento de las situaciones de racismo que impiden la integración social.Exigen al próximo Gobierno la creación de una Ley Integral contra la discriminación, así como una Ley de Protección de víctimas de delitos de odio. Además pide que el Gobierno amplíe los supuestos recogidos en el Código Penal, como es la denegación de prestaciones públicas y privadas, la discriminación laboral o por parte de las autoridades del Estado.